L’estafa del deute

Informes sobre el deute i l’estafa neoliberal

La ilegitimidad de los Rescates a la Banca en el Estado español

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, octubre 2013

PACD_InformeRescates2013Consecuencias sobre los derechos sociales, ambientales y de género
El pago de la deuda pública, aumentada por los rescates bancarios, ha servido como justificación y excusa a los poderes públicos para la imposición de toda una serie de medidas de austeridad y de recortes. Políticas exigidas desde la Troika bajo el chantaje del rescate y la intervención del Estado, al estilo de Grecia, en forma de privatizaciones de servicios públicos básicos, reducción del gasto en partidas de carácter social, el aumento de impuesto regresivos, como el IVA, y la moderación salarial, unida a la reducción de derechos laborales, como supuesta forma de recuperar la competitividad exterior.
Como resultado, nuestro ya imperfecto Estado de Bienestar Social está sufriendo un duro golpe, desde que, en mayo de 2010, dichas políticas empezaron a ser aplicadas en España. Los recortes en edu- cación, sanidad, servicios sociales y dependencia alcanzan cifras en torno al 1,5% del PIB en 2010, si bien el grueso de los recortes ha tenido lugar en 2012. De esta forma, se hace evidente que si relacionamos los recortes sociales con las cuantiosísimas ayudas públicas utilizadas para rescatar a las entidades financieras, constatamos que la desproporción es manifiesta. La transformación de esta deuda privada en deuda pública la estamos pagando a costa del crecimiento de las desigualdades sociales y agravando otras deudas, preexistentes a la crisis financiera, que el sistema económico mantenía con otros colectivos y sectores, como las mujeres y el medio ambiente (pág. 10).
Ilegitimidad de la Deuda
La ilegitimidad de las ayudas proporcionadas a la banca, así como la deuda pública que de ellas se deriva, emana de los propios mecanismos que originaron el sobreendeudamiento de las entidades financieras y, por ende, de la aparente necesidad de que fueran rescatadas con dinero público. Estos mecanismos forman parte del sistema económico que durante décadas ha promovido el endeudamiento como herramienta de redistribución de rentas a favor de las élites financieras. La deuda no fue más que un instrumento con el que alimentar las burbujas inmobiliarias y financieras que originaron la crisis, gracias a las cuales bancos y cajas pudieron acumular ingentes cantidades de riqueza durante años. Es decir, la regulación (o la falta de ella) de los mercados financieros, que incentivó la especulación y la financiarización de la economía, una política laboral y fiscal regresiva, que empobreció las rentas del trabajo a favor de las rentas del capital, y la materialización de todo ello en la construcción de la Unión Europea, provocó el sobreendeudamiento de los agentes privados, familias, empresas y entidades financieras. Sin embargo, mientras que para las personas que vivían de las rentas del trabajo, así como de la pequeña y mediana empresa, el sobreendeudamiento significó el empobrecimiento, para las entidades financieras y las grandes empresas capitalistas ha supuesto una forma de obtener mayores beneficios. Por tanto, los rescates financieros a costa de los recursos y el endeudamiento público suponen una socialización de las pérdidas privadas, cuando las poblaciones, lo público y los bienes comunes no fuimos partícipes de los beneficios del pasado, sino más bien, expropiados a causa de ellos (pág. 12).
El origen ilegítimo de los rescates financieros reside también en el carácter antidemocrático y autoritario del rescate a la banca, llevado a cabo por dos gobiernos consecutivos, cuyo resultado ha sido la generación de deudas públicas que no han beneficiado al interés general, sino a la élite financiera. Así, la decisión política de ejecutar el rescate financiero con recursos públicos fue tomada por dos gobiernos diferentes sin contar con la aprobación de la población. Los rescates a la banca no formaban parte del programa político que llevó a la presidencia al PSOE, en las elecciones de 2008, ni tampoco estaban incluidos en el programa con el que ganó las elecciones el Partido Popular, en 2011.
Así mismo, el aumento de la deuda pública, derivada sustancialmente de los rescates realizados a la banca desde el inicio de la crisis, ha sido la razón esgrimida por la clase política para aplicar las medidas de recortes y austeridad que, como hemos expuesto anteriormente, están cercenando nuestro ya imperfecto Estado de Bienestar, precarizando las condiciones de vida de la población, violando derechos fundamentales y haciéndonos retroceder en avances sociales que costó décadas de esfuerzo conquistar, en ámbitos como la igualdad de género, el respeto medioambiental o la justicia social. Negar a la población la posibilidad de decidir, bajo un sistema de democracia directa, salvar o no a la banca con dinero público, cuando supone una medida que condiciona aspectos fundamentales de nuestras vidas y de la organización social, resulta una medida totalmente antidemocrática y, por tanto, ilegítima (pág. 13)…
De la misma forma, la ilegitimidad de la deuda pública derivada del rescate a la banca se fundamenta en haber sido originada por políticas que no han beneficiado al conjunto de la población, sino más bien al contrario. En cambio, han favorecido únicamente a la élite financiera. Si bien la clase política ha justificado las ayudas a la banca como una medida necesaria para reactivar el crédito en la economía, éste sigue sin reaparecer. La transferencia de recursos públicos solo ha servido para que el sistema financiero continúe dedicándose a obtener beneficios a través de actividades especulativas, dejando de lado la función que le proporciona algún tipo de sentido social: facilitar el crédito a la economía productiva. Mientras, la población sufre los efectos de los recortes y las consecuencias de una crisis agravada por la falta de crédito  (pág. 13).
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¿De qué va la Unión Europea? Deuda y tratados comerciales como instrumentos del neoliberalismo y el autoritarismo

ALADRE – Coordinación de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social / Zambra Iniciativas sociales / Ecologistas en Acción / CGT, 2014
DequevalaUE_2014En los últimos cinco años los poderes políticos y económicos de la Unión Europea han aprovechado la crisis-estafa, para generar miedo en la mayoría de la población (a perder su empleo, perder su casa, perder sus prestaciones sociales, ver recortadas sus pensiones, etc.) por medio de una serie de legislaciones que ha formado una verdadera “doctrina de choque” y han utilizado como armas de destrucción masiva de derechos y libertades. Se intenta confundir a la opinión pública pues se discuten estas leyes como si fueran meros asuntos técnicos, cuando en realidad afectan a aspectos básicos de nuestras vidas. Entre ellos, menores salarios, más paro y precariedad, servicios públicos privatizados, desahucios, una intensificación de la opresión, dominación y explotación patriarcal, la pérdida de pensiones, aumento de los impuestos y precios de los bienes y servicios más básicos, violación del derecho de atención médica adecuada, redadas racistas, aumento de la violencia o el desmantelamiento de programas de ayudas y becas.
Desde el estallido de la “crisis del euro” en 2010 y la aprobación de un paquete de préstamos a Grecia —que en realidad era para pagar los servicios de la deuda a la banca europea. La Comisión Europea y el Consejo de la UE han adoptado un gran número de nuevas reglas, leyes, acuerdos e incluso un Tratado, con la intención de abordar la crisis con una fórmula bien definida: una vuelta de tuerca autoritaria, para expoliar derechos y libertades a la mayoría social e incrementar la tasa de ganancia del capital (págs. 6 y 7).
El fantasma de la deuda recorre Europa
En los últimos años la deuda se ha convertido en el principal problema de las economías de la UE, y en el azote de sus poblaciones que han visto como paulatinamente han sido desposeídas de las conquistas sociales del último siglo. Pero el problema de la deuda no es nuevo. Desde la década de los 80, muchos pueblos de la Periferia (África, América Latina y Asia) están encadenados a una deuda que, a pesar de haber pagado con creces, sigue estrangulando sus economías y coartando sus posibilidades de desarrollo. Para poder hacer frente al pago de los intereses estos Estados se han visto obligados a renegociar sus deudas con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptar la imposición duros Planes de Ajuste Estructural. De este modo, la deuda se ha utilizado por parte de los poderes financieros para someter las economías de la Periferia a sus intereses, y seguir extrayendo los recursos materiales y energéticos imprescindibles para mantener el metabolismo crecentista del sistema capitalista. Un sometimiento que durante la época colonial se produjo por la fuerza, pero que ahora se realiza de manera mucho más sutil mediante el dogal de la deuda bajo el amable paraguas de las democracias modernas.
Durante este tiempo los Estados europeos, entre ellos el español, hemos vivido inconscientes de esta situación y, en gran medida, beneficiándonos de ella. Pero desde que estalló la burbuja inmobiliaria y desencadenó la crisis financiera, la deuda se ha convertido también en nuestra mayor pesadilla y en la excusa perfecta para que los poderes financieros impongan las reformas ultraliberales que venían buscando desde hace tiempo para garantizar una mayor tasa de transferencia de capital de las rentas medias y bajas a las altas. El ansia capitalista no tiene suficiente con el beneficio obtenido del expolio de los pueblos de la Periferia y ahora pretende el asalto del resto del Planeta. La historia se repite en estos momentos en los Estados de la Periferia europea, y nos toca sufrir los mismos planes de ajuste que arruinaron las economías periféricas durante décadas.
Una Europa controlada en última instancia por los grandes bancos y empresas multinacionales utilizan la deuda como instrumento para imponer sus intereses y someter a las clases trabajadoras con la complicidad de los gobiernos. A partir de esa base, la reforma de las pensiones, las múltiples reformas laborales y los drásticos recortes presupuestarios en ámbitos tan sensibles como la sanidad o la educación, son sólo la punta del iceberg de lo que se prepara: el desmantelamiento completo del Estado de bienestar, la privatización de cualquier servicio público que pueda ofrecer beneficios y, en última instancia, el sometimiento de nuestra precaria democracia a la dictadura de los mercados financieros.
Desde las instituciones europeas se insiste en que el principal problema de las economías de la UE es la deuda pública, y de ahí que la mayoría de las medidas aprobadas en los últimos años tengan como objetivo reducirla a base de recortes en el gasto social y contención salarial. Sin embargo, cuando se analizan los datos de la deuda de los Estados de la UE observamos algo bien distinto. En la tabla 1 se puede apreciar como en 2011 la deuda pública de los Estados de la Zona Euro suponía sólo el 15% del total, mientras que la deuda privada (de las familias, de las empresas no financieras y de la banca) suponía el 85% restante. Así pues, el problema de sobreendeudamiento de la economía europea no proviene de la deuda pública, sino de la deuda privada, especialmente de la banca y las grandes empresas, que han pretendido crecer por encima de sus posibilidades especulando con dinero prestado.
Por otro lado, si comparamos las deudas de los distintos países, se puede ver que el sobreendeudamiento es un problema generalizado que no afecta exclusivamente a los países de la periferia europea. Sin ir más lejos, Alemania, el estado modélico de la UE, tenía una deuda pública a finales de 2012 del 81% del PIB, muy similar a la española, pero a finales de 2007, la deuda alemana era del 62% del PIB, mientras que la española era del 36%, casi la mitad. Si el problema fuese la deuda pública, ¿por qué sólo se ha rescatado a los países de la periferia europea y no a los demás? Está claro que lo que preocupa a los/as dirigentes europeos/as es el impago de la deuda privada, en su mayoría en manos de los grandes bancos alemanes y franceses, y que produciría su quiebra (págs. 15 y 16).
Las causas del sobreendeudamiento
Sólo con lo que ha dejado de recaudarse por el fraude fiscal y las reducciones de impuestos a los ricos y las grandes empresas podrían haberse evitado el déficit y los recortes [pero] lejos de perseguir el fraude, la mayor parte de las legislaciones europeas van en la línea de ser cada vez más permisivas, con medidas como la reciente amnistía fiscal en España, lo que supone el blanqueo de dinero de una forma legal y además a un tipo de gravamen ridículo del 10% (un 8% por los dividendos) y sin sanción alguna (pág. 23).
… el principal problema de sobreendeudamiento en la UE lo tiene el sector privado. Lo que más preocupa a gobiernos y bancos es el impago de esta deuda, por lo que desde el comienzo de la crisis financiera se están afanando por convertir esta deuda privada en deuda pública pues es mucho más difícil que un Estado se declare insolvente y, por tanto, hay mayor garantía de devolución de la deuda cuando ésta está avalada por todos. El caso más flagrante de conversión de deuda privada en pública lo tenemos en los rescates bancarios que se han prestado a los Estados de la periferia (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España aunque no sólo) (pág. 25).
Gran parte de las ayudas públicas se han convertido en deuda pública, ya sea directa, indirecta o contingente, es decir, que bajo determinados supuestos, esa deuda bancaria privada puede transformarse en deuda pública. Como bien dice la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, esta deuda en origen privada y convertida en pública es a todas luces una deuda ilegítima porque lejos de ayudar a la población a paliar los daños socioeconómicos de la crisis los ha agudizado más con los recortes sociales que han acompañado a los rescates (pág. 27)
Los rescates y la usurpación de la soberanía de los pueblos por parte de la Troika
Los rescates llevan asociados toda una serie de condiciones, que con la excusa de sanear las economías de los países rescatados, permiten a organismos tan poco democráticos como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (conocidos como la Troika) intervenir en sus políticas nacionales y secuestrar sus soberanías. Estas condiciones, establecidas en un documento conocido como “Memorándum de entendimiento”, están inspiradas en el famoso decálogo del Consenso de Washington que indica las políticas neoliberales que debía adoptar cualquier Estado para sanear e impulsar su economía: contención del déficit presupuestario, reducción del gasto público, reducción impositiva para las empresas, liberalización y desregulación financiera y del comercio, eliminación de barreras a las inversiones extranjeras y privatización de las empresas públicas. En el caso del rescate a la banca española, el memorándum de entendimiento establece explícitamente que aunque el dinero va destinado a la banca privada, el Estado español es su avalista. Por tanto, si los bancos no son capaces de devolver este préstamo, seremos todas quien lo haremos en última instancia. Para garantizarlo se establece la supervisión por parte de la Comisión Europea sobre todo lo relativo a la reducción del déficit por debajo del 3%. Otra de las condiciones que impone este memorándum es la creación de un banco público que adquiera todos los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras, y que ya se ha plasmado en la SAREB. De esta manera, la política presupuestaria y fiscal, que hasta ahora eran competencias soberanas de cada uno de los estados, pasa a estar controladas por la Comisión y Consejo Europeo, instituciones que no han sido elegidas democráticamente por las poblaciones de cada estado (pág. 28 y 29).
La lucha y las resistencias, el único camino
Desde 2009, la respuesta de la Unión Europea a la crisis financiera y la eurocrisis ha puesto de manifiesto con mayor claridad el dominio de la ideología neoliberal. Los grupos de presión de las grandes empresas y del capital financiero ven sus exigencias hechas realidad, mientras que millones de personas están sufriendo pobreza, desempleo, exclusión social, precariedad, discriminación sexista y racista, desahucios, represión policial, entre otras, a la vez que se profundiza en un modelo económico financiero de producción, distribución y consumo, incompatible con la vida y el medio ambiente en este planeta.
La UE ha desarrollado y aprobado procedimientos, leyes, acuerdos y tratados que apuntalan la misma respuesta ante la crisis: ataques generalizados a los derechos sociales, laborales y ambientales. Algunos se aplican vía sanciones, otros a través de la presión o ataques especulativos en los mercados financieros. Como resultado de todo esto, las instituciones de la UE han expandido considerablemente sus competencias en política presupuestaria. Esta “revolución silenciosa” de la Unión Europea, como lo ha bautizado José Manuel Barroso, servirá para imponer principios capitalistas bien definidos que recorten el gasto social y prioricen los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.
Las élites han llegado a un consenso general sobre el rumbo a tomar. No será un doloroso programa económico temporal, sino que tiene como objetivo la imposición de las mismas políticas impuestas a Grecia, Irlanda, Portugal y el Estado español como modelo perpetuo de régimen neoliberal para toda la UE y de refeudalización para los países del sur (pag. 41).